sábado, 9 de noviembre de 2013

Declaración del comandante Álvaro Fayad tras la masacre del Palacio de Justicia


El 6 de noviembre de 1985 la Compañía Iván Marino Ospina del M-19 fue ante la Corte Suprema de Justicia a entablar una demanda armada y a convocar a un juicio público contra el gobierno de Belisario Betancur.

Fue, ante el más alto tribunal de justicia, a solicitar un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del Acuerdo de Cese del Fuego y Diálogo Nacional suscrito en Corinto, Hobo y Medellín, en agosto de 1984.

Fue, ante hombres de honor y leyes, a pedirles asumir conocimiento sobre el cumplimento que hicieran las partes en el desarrollo y ejecución de dicho compromiso, cuyo fin era la paz en su dimensión más pública y humana: la justicia social y la democracia política.

Fue, ante el poder jurisdiccional, a invocar su protagonismo en la búsqueda de una solución política negociada en Colombia, a los agudos antagonismos que vive la patria, dado que el Gobierno y el Congreso de la República habían traicionado ese empeño colectivo de la comunidad patria del cual resultaron inferiores.

Fue, ante la nación y el mundo, en ejercicio del derecho a la rebelión, a acusar a un Gobierno que engañó a la opinión pública, pretendió aniquilar a la democracia en armas y traicionó la forma más creativa, más justa y novedosa de buscar la paz, cual era el Diálogo para la Concertación Nacional.

No eran otras nuestras pretensiones. Instaurar la demanda, convocar al juicio, eran los objetivos del Operativo "Antonio Nariño por los Derechos del Hombre". Nuestras armas comparecían ante el tribunal de la justicia para someterse a él y no para ser instrumento de coacción a la libre voluntad de los honorables magistrados, quienes no estaban obligados a asumir el conocimiento de nuestras pretensiones durante el desarrollo del operativo.

El régimen de minorías prefirió arrasar con el poder jurisdiccional antes que permitir que se expresara la verdad sobre el gran fraude a la esperanza nacional, el incumplimiento de la promesa de paz y la traición a las soluciones de concertación mayoritaria.

La decisión ciega y brutal de Belisario Betancur y la respuesta de las Fuerzas Armadas, apoyadas por la clase política, la oligarquía y los dueños de la gran prensa, no fue ataque contra nuestra columna de 42 combatientes, sino una operación de aniquilamiento masivo, de tierra arrasada, de holocausto total y generalizado. Las tanquetas, el empleo indiscriminado de rockets, granadas, gases, y la provocación de incendios fueron la sola alternativa a las diferentes soluciones. No hubo intento alguno de negociación, ni fue escuchada la orden de cese del fuego del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fuego, tierra arrasada y asaltos de aniquilamiento fueron la sola respuesta del régimen oligárquico.

En nombre de las instituciones republicanas destruyeron el pilar de la institucionalidad democrática. En nombre de la autoridad presidencial negaron la autoridad del máximo representante del poder jurisdiccional. En nombre de la paz ciudadana inmolaron a magistrados, trabajadores de la justicia y guerrilleros, quienes coincidieron -con una nación estremecida- en la voluntad de buscar salidas incruentas a la conflictiva situación de hecho.

Por eso será siempre la voz viva del doctor Reyes Echandía exigiendo a Betancur y a las Fuerzas Armadas el cese del fuego y el comienzo de conversaciones, acusación certera y condena irrevocable, absoluta, a quienes ordenaron, ejecutaron y consintieron el holocausto total.

Por eso, desde todos los rincones de la patria se levantan hoy los puños dispuestos a empuñar las armas de quienes combatieron con honor y mantuvieron la decisión de vencer, dando todo por Colombia.

Y se levanta intacto el memorial de agravios de nuestro tiempo: como permaneció el ideario de José Antonio Galán y sus comuneros; como se elevó la voz de Antonio Nariño por encima de los muros de un encierro casi perpetuo; como se extendió la llama libertaria que pretendieron sofocar los pacificadores de otros tiempos.

El horizonte de justicia y plenitud, de respeto y convivencia, de desarrollo y libertad, es más que nunca tarea de un pueblo erguido, voluntad nacional de nuevo temple, hallazgo de unas nuevas mayo-rías que por decisión histórica asumen la construcción de un nuevo gobierno.

Álvaro Fayad Delgado 
Comandante General Movimiento 19 de Abril, M-19

Montañas del Cauca, noviembre de 1985

2 comentarios:

  1. Del Palacio de Justicia – 19 años después (2004)

    Saltan en el alma nacional los Héroes y Mártires del Palacio de Justicia. Conocía por razones muy distintas y fortuitas a muchos de los que allí estaban, desde muy notables hasta el total anonimato, pero igual hombres y mujeres muy destacados en sus campos y en los hechos del 4 y 5 de Noviembre de 1985; al Dr. Manuel Gaona Cruz, Magistrado de la Corte Suprema porque dictaba Cátedra de Derecho Constitucional en la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública de la ESAP: Andrës Almarales, Directivo Sindical, de Anapo Socialista y Firmes, Comandante Político de la Operación; al amigo de análisis del consejo editorial semanal del Boletín Movimiento Popular de los dos últimos años, Dr. Carlos Horacio Urán, del Consejo de Estado, con su oficina de cada día en ese Palacio; a Luis Otero, Comandante Militar de la Operación, por alguna fiesta ocasional.

    Recuerdo nítida la voz por radio del Presidente de la Corte Suprema, Dr. Alfonso Reyes Echandía, con esa insistencia lapidaria muy propia de su prudencia y ponderación : “Que cese el fuego ... es cuestión de Vida o Muerte”, y el silencio mortal desde la Casa de Nariño.

    La radio interna de la “delicada operación de salvamento de rehenes” del Ejército Nacional. Al Coronel Plazas, por T.V. presentando sus bombazos incendiarios como un acto de “defensa de la democracia, maestro“. Todo un pirómano capaz de hacer arder lo que se suponía que debía defender. El mismo Coronel pero en retiro, que nos presentaron después -de civil- como defensor de los televidentes en la Comisión Nacional de T.V. y ahora Jefe de la Oficina de Estupefacientes, un “genuino defensor de los derechos ciudadanos y la moral pública”, por si las dudas.

    Que la operación fue financiada por el narcotráfico de la época, dijo el Presidente Uribe Vélez, se supone que por el Cartel de Medellín, lo cual significa que la Operación –de ser así en gracia de discusión- fue financiada con bienes patrimoniales del mismo Presidente Uribe. ¿Un Bordaberry a la vista? ¿otro Fujimori en ciernes? Se trata de provocaciones al propio establecimiento, a los Gobiernos de Barco y Gaviria, su proceso de Paz con el M19 y la Constitución de 1991. Al Partido Liberal y el Movimiento Nacional, que la Presidieron.

    Debería renunciar indignada la actual Canciller, hija del Ex-Presidente Barco y pronunciarse el Ex–Secretario de la OEA y Ex–Presidente Gaviria, el Ex–Candidato Presidencial, Horacio Serpa y el Senador Gómez Hurtado del Movimiento Nacional en memoria de su ilustre hermano, también de la Presidencia colegiada de la Constituyente, como Antonio Navarro del M19, que difícilmente puede pronunciarse.

    El Dr. Carlos Medellín, hijo del Magistrado inmolado, dice tener pruebas acumuladas, para que se reabra el proceso. El proceso está abierto, no solo en las heridas sin cerrar de todas las familias de los magistrados y juristas, de los empleados y trabajadores rasos y de los insurgentes, ni por su acción cuando fue Ministro de Justicia ni ahora de aspirante a cualquier Procuraduría, sino porque los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

    Hay desaparecidos, hubo una toma armada de una organización insurgente, cuyos autores directos pagaron con sus vidas, está abierta por la toma que no ha sido juzgada, por el bombardeo a la población civil inerme, las bombas incendiarias y la masacre perpetrada por el Ejército la madrugada del 5 de noviembre, quien después del infierno provocado y televisado en directo aquella noche, fusiló a los civiles sobrevivientes.

    Que se abran los procesos. Esta vez no habrá desastre de Armero para tapar de impunidad dolor sobre dolor. Saltan en el alma nacional los Héroes y Mártires del Palacio de Justicia.

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  2. La lucha porla LIBERACION DEL PUEBLO COLOMBIANO, hoy está mas VIVA, que ayer.

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